La investigación en torno al teniente de la Guardia Civil de Bétera, detenido a finales de la pasada semana, entra en una fase clave tras las medidas cautelares dictadas por el Tribunal de Instancia de Llíria. El caso, que ha causado un fuerte impacto en la comarca del Camp de Túria, se tramita ya en la Sección de Violencia sobre la Mujer bajo la supervisión de la magistrada de la plaza número 1.
Medidas cautelares de alta intensidad
A pesar de que el investigado ha quedado en libertad provisional, la justicia ha impuesto un protocolo de vigilancia especialmente riguroso. Entre las medidas destaca la colocación de una tobillera con sistema GPS, una herramienta de control telemático que permite monitorizar en tiempo real la ubicación del agente para garantizar que no se produzca ningún contacto con la denunciante.
Asimismo, la magistrada ha fijado una prohibición de aproximación de 700 metros, una distancia superior a los márgenes habituales, que protege no solo a la víctima, sino también su lugar de trabajo, su domicilio y cualquier espacio que frecuente habitualmente en su localidad de residencia. El auto prohíbe también cualquier tipo de comunicación por canales directos o redes sociales.
El peso de la denuncia: Cuatro meses de relación
La causa se abrió inicialmente tras la denuncia de la víctima, quien mantuvo una relación sentimental con el mando militar durante apenas cuatro meses. Según el relato presentado ante las autoridades, en este breve periodo de tiempo se habrían producido tres agresiones sexuales y constantes episodios de maltrato físico y psicológico.
El detenido figura ahora como investigado en una causa abierta por:
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Agresión sexual (en tres supuestos diferentes).
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Maltrato físico.
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Injurias y coacciones en el ámbito de la violencia de género.
Análisis de la situación del investigado
El hecho de que el presunto agresor ostente el cargo de teniente añade una capa de complejidad al caso. En estos supuestos, además de la vía penal, la Guardia Civil suele activar protocolos internos de régimen disciplinario que pueden suponer la suspensión de funciones y de sueldo mientras dure el proceso judicial.
El análisis jurídico apunta a que la contundencia de las medidas cautelares (especialmente la vigilancia electrónica) responde a la necesidad de evitar cualquier riesgo de reiteración o de intimidación, dada la formación y los recursos a los que el investigado podría tener acceso por su profesión.
