La Audiencia de Valencia ha iniciado el juicio contra cinco hombres acusados de una presunta violación grupal con sumisión química a una joven en Cullera durante el verano de 2021. La Fiscalía sostiene que los procesados suministraron sustancias estupefacientes a la víctima para anular su voluntad y agredirla sexualmente en un chalé donde se celebraba una fiesta. Las peticiones de condena de la acusación particular superan los 50 años de prisión para los implicados, entre los que se encuentra un hombre conocido como «el Faku», presuntamente vinculado a una banda de sextorsión.
Retenida bajo la excusa del toque de queda
Según el relato expuesto durante la primera sesión de la vista oral, la víctima acudió al chalé tras quedar con un amigo, pero comenzó a sentirse incómoda y pidió marcharse. Sin embargo, los acusados le impidieron abandonar el inmueble utilizando restricciones normativas externas:
La excusa del confinamiento: El abogado de la víctima, Víctor Muñoz, explicó que los procesados justificaron la negativa alegando la vigencia del toque de queda nocturno decretado en aquel momento por las restricciones sanitarias de la pandemia.
Pérdida de conocimiento: Tras verse obligada a permanecer en el lugar, la joven consumió una bebida ofrecida por los acusados, momento en el que comenzó a sentirse mal hasta perder el conocimiento. Su siguiente recuerdo fue despertarse ya desnuda y con dolores físicos compatibles con el abuso.
Geolocalización y pruebas médicas de cargo
La intervención de las fuerzas de seguridad se produjo gracias a que la víctima logró contactar en un momento de lucidez con una amiga. Esta última consiguió localizar la posición del chalé en tiempo real y avisó de inmediato a la Guardia Civil, cuyos agentes acudieron al lugar, rescataron a la joven y detuvieron a los sospechosos.
El peso de la acusación en el juicio técnico se fundamenta en los informes periciales presentados ante el tribunal: las evaluaciones médicas confirman la existencia de lesiones físicas compatibles con una agresión sexual, mientras que los análisis de las pruebas toxicológicas realizadas a la víctima apuntan de manera clara a la sumisión química como el elemento central que anuló su capacidad de defensa. El Ministerio Fiscal solicita provisionalmente diez años de prisión para tres de los procesados.
