Una investigación conjunta de las unidades de protección medioambiental y aérea de la Guardia Civil de Palencia ha destapado un presunto fraude documental que afecta directamente a la gestión de residuos y desguace de vehículos damnificados por las inundaciones de la DANA en la provincia de Valencia. Las autoridades han puesto a disposición judicial a una persona en la localidad de Villamuriel de Cerrato (Palencia) investigada por un supuesto delito de falsedad documental, tras constatar la emisión masiva de certificados fraudulentos de descontaminación para medio millar de automóviles siniestrados.
La actuación, de especial trascendencia por el volumen de material potencialmente contaminante intervenido, corrió a cargo de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en colaboración con el Equipo de Gestión de Aeronaves Civiles y de Seguridad de la Aviación (Equipo PEGASO). El dispositivo se activó tras la localización de una gran parcela al aire libre en el término municipal de Villamuriel de Cerrato donde se almacenaba una densa acumulación de automóviles inutilizados, todos ellos procedentes de municipios valencianos castigados por el temporal.
Inspección terrestre y aérea por riesgo ambiental
La concentración masiva de unos 500 coches deteriorados por el lodo y el agua en un espacio no acondicionado motivó la inspección exhaustiva de los agentes. Apoyados por el rastreo visual y los medios de control correspondientes, los especialistas medioambientales procedieron a comprobar si la gestión, el traslado y el posterior tratamiento de los automóviles fuera de uso (CAT) se estaban ajustando a los exigentes requisitos recogidos en la legislación ambiental vigente.
Durante el proceso de verificación técnica, la Guardia Civil constató que una cantidad considerable de estos vehículos no había sido sometida al proceso de descontaminación preceptivo o carecía de la correcta manipulación de sus elementos críticos. Este procedimiento es de obligado cumplimiento por ley para los automóviles dañados en siniestros o inundaciones antes de su achatarramiento definitivo, requiriendo la extracción segura de fluidos, baterías, combustibles, lubricantes y aceites de motor para impedir fugas nocivas.
Certificados expedidos sin el tratamiento obligatorio
A pesar de las notables deficiencias materiales y de que el tratamiento de seguridad no se había llevado a efecto de manera efectiva en las instalaciones, los investigadores comprobaron que se habían emitido y registrado formalmente las correspondientes certificaciones que acreditaban la correcta descontaminación y baja definitiva del material. Este documento oficial resulta imprescindible y funciona como salvoconducto legal para avalar el correcto tratamiento de los residuos considerados peligrosos antes de su destrucción.
Las pesquisas del SEPRONA y del Equipo PEGASO permitieron determinar de forma indiciaria que la falsificación de los documentos pretendía simular la legalidad del proceso, eludiendo costes operacionales de gestión ambiental. Identificado el presunto gestor y responsable de las instalaciones y de la custodia de la parcela palentina, se procedió a la instrucción de las pertinentes diligencias policiales, las cuales ya han sido remitidas formalmente a los Juzgados de Instrucción de Palencia de guardia. El caso abre, además de la vía penal por falsedad en documento oficial, una línea de evaluación por parte de la administración competente ante posibles infracciones administrativas de carácter medioambiental y riesgo de contaminación difusa del suelo.
