La Audiencia Provincial de Valencia ha iniciado el juicio contra ocho personas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional y un Guardia Civil en prácticas del Puesto Principal de Carlet, por su presunta colaboración con una red de narcotráfico y blanqueo de capitales que operaba en la provincia de València.
El caso se divide en dos tramos: la actividad delictiva de la red de drogas y la presunta participación de los funcionarios de seguridad en la misma.
La Red de Narcotráfico y Blanqueo
Cinco de los procesados están siendo juzgados por tráfico de drogas, falsificación de documentos, conducción sin permiso, falsedad en documento oficial y blanqueo de capitales.
- Tráfico de Cocaína: La investigación determinó que dos de los principales acusados se dedicaban de forma conjunta al tráfico de cocaína, moviendo grandes cantidades de dinero y droga desde domicilios ubicados en València y Alcàsser.
- Incautaciones: En marzo de 2021, los registros de inmuebles y vehículos de los acusados permitieron localizar un kilo de cocaína y otras cantidades de droga, junto con dinero procedente de las actividades ilícitas.
- Fraude Documental y Blanqueo: En una vivienda de Alboraya, se encontraron documentos nacionales de identidad robados o extraviados, utilizados para dar de alta líneas telefónicas o comprar terminales. Además, entre 2018 y 2021, los procesados blanquearon las ganancias del narcotráfico mediante operaciones como el abono de siete premios de lotería, operaciones inmobiliarias y la compra de una licencia de taxi.
Agentes de Seguridad Acusados de Revelación de Secretos
Los otros tres procesados son los funcionarios de seguridad: dos Policías Nacionales de València y un agente de la Guardia Civil en prácticas de Carlet.
Según la Fiscalía, estos tres agentes presuntamente realizaban consultas en bases de datos policiales a requerimiento del principal procesado de la red de drogas. Por estos hechos, se les acusa de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.
La Fiscalía solicita para los encausados de la red de narcotráfico penas que oscilan entre uno y diez años de prisión. Para cada uno de los tres agentes, la acusación pública pide tres años de prisión y ocho años de inhabilitación.
