La Sección de la Audiencia Provincial de Valencia ha iniciado el juicio oral contra dos hombres a los que se les imputan graves delitos de detención ilegal, coacciones y tráfico de drogas. La Fiscalía solicita una pena de prisión de once años para cada uno de ellos, acusados de retener contra su voluntad a un tercer hombre —también procesado— para forzarlo a vigilar una plantación de marihuana y a vender cocaína desde una vivienda en la localidad de Torrent.
El caso, que ha conmocionado a la comarca de L’Horta Sud, arranca con una investigación policial motivada por el hartazgo vecinal ante la actividad ilícita y el fuerte olor a marihuana que emanaba de la vivienda.
La operación policial y el descubrimiento de la retención
Los hechos investigados se remontan al 21 de marzo de 2022. Tras recibir múltiples denuncias por la presunta venta de estupefacientes, la Policía Nacional ejecutó una orden de entrada y registro en el domicilio de Torrent.
Al acceder al inmueble, los agentes encontraron al hombre que se convertiría en la principal víctima del caso. Este individuo relató a los policías una dramática situación de cautiverio:
Detención Forzada: Aseguró que llevaba alrededor de dos meses retenido en esa casa, donde los dos principales procesados le habían obligado a permanecer y ejecutar sus órdenes.
Violencia y Amenazas: La retención estaba marcada por la violencia, ya que la víctima afirmó que era golpeado y amenazado de muerte para que continuara con la venta y distribución de droga.
Coacción Económica: El cautiverio se extendió incluso fuera de la vivienda; el hombre refirió que los acusados lo habían obligado a acudir a un cajero automático donde retiraron 300 euros de su cuenta personal, quedándose con el dinero.
Durante el registro del inmueble, la Policía Nacional localizó y se incautó de diferentes cantidades de sustancias estupefacientes, principalmente marihuana (la plantación) y cocaína, confirmando así las sospechas de tráfico de drogas que originaron la intervención.
Peticiones de pena de la fiscalía
La Fiscalía sostiene la gravedad de los hechos, que combinan delitos contra la salud pública con la violación de la libertad individual de la víctima. Por ello, la acusación pública solicita:
Para los dos principales acusados: Once años de prisión para cada uno como autores de los delitos de detención ilegal, coacciones y delito contra la salud pública (narcotráfico).
Para el tercer acusado (la víctima): Inicialmente, se solicita una pena de tres años de prisión por un delito contra la salud pública, debido a su rol en la distribución de la droga, aunque su defensa podría alegar atenuantes relacionadas con la coacción y la detención ilegal sufrida.
El inicio de este juicio en la Audiencia Provincial busca esclarecer la compleja red de coacciones y narcotráfico que operaba desde el corazón de un barrio residencial en Torrent.
