Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la provincia de Valencia un entramado delictivo dedicado a la contratación fraudulenta de ciudadanos extranjeros en situación irregular. La red operaba mediante la “cesión de identidad”: utilizaban la documentación de terceras personas para dar de alta a los trabajadores en Empresas de Trabajo Temporal (ETT), previo pago de una comisión ilegal.
El origen: Una denuncia en Trànsits
La investigación se inició el pasado 30 de diciembre, tras una denuncia presentada en la Comisaría de Trànsits de Valencia. El denunciante, un hombre en situación administrativa irregular y bajo una extrema precariedad económica, relató cómo había sido captado. Un intermediario le ofreció documentación legal (perteneciente a uno de los detenidos) para poder acceder a un puesto de trabajo.
El “peaje” por este engaño era de 200 euros mensuales, una cantidad que la red le descontaba directamente de su salario, aprovechándose de su necesidad de subsistencia.
El papel del ‘cabo de cuadrilla’
La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia ha centrado sus pesquisas en la figura del cabo de cuadrilla. Este investigado, encargado de coordinar al grupo de trabajo, actuaba como enlace con la empresa responsable de tramitar el alta laboral. Según la Policía, era plenamente consciente de que el operario que sudaba en el puesto no se correspondía con la identidad que figuraba en el contrato.
Esta operativa no solo generaba un lucro cesante para el trabajador y un beneficio ilícito para los captadores, sino que provocaba un grave fraude a la Seguridad Social, al generar derechos indebidos sobre prestaciones sanitarias, desempleo y futuras pensiones bajo nombres falsos.
Delitos contra los trabajadores y falsedad
La operación se ha saldado con dos detenidos:
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El cabo de cuadrilla, pieza fundamental para la operativa en el tajo.
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El dueño de la documentación, que prestaba su identidad para facilitar las contrataciones fraudulentas a cambio de dinero.
A ambos se les imputan presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta, ya que no se descarta que esta práctica se haya extendido a más cuadrillas o que existan más víctimas que, por miedo a ser deportadas, aún no hayan denunciado.
