La presión vecinal y el repunte de la criminalidad en el centro histórico han forzado un movimiento sin precedentes en la seguridad de la ciudad. Bajo la dirección del concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, la Policía Local de València ha activado el Plan Estratégico de Vigilancia en Ciutat Vella, un despliegue diseñado específicamente para erradicar las “colas de puteros” y los altercados que están desbordando el sector de Velluters.
Presencia Activa: La UCO y la Caza del “Coche-Burdel”
El dispositivo no solo busca patrullar, sino disuadir. Las unidades UCO (Unidad de Convivencia y Seguridad) han tomado las calles en un doble formato: patrullas a pie para garantizar la visibilidad y vehículos camuflados para detectar a los captadores y clientes en plena acción.
Uno de los puntos clave de este plan es la persecución del denominado “coche-burdel”. La policía ha detectado un flujo constante de vehículos que circulan a baja velocidad por el barrio buscando servicios sexuales, obstruyendo la convivencia y generando inseguridad. A partir de ahora, estos conductores se enfrentan a sanciones severas por obstaculizar el tránsito y fomentar la explotación en la vía pública.
Mapa de Control: Proteger los colegios y evitar otro “Juan de Mena”
El despliegue ha identificado tres puntos críticos de vigilancia absoluta:
Eje Viana-Hospital: El “kilómetro cero” del conflicto, donde la proximidad al Mercado Central y al Ayuntamiento hace que la degradación sea más visible.
Entorno Escolar: Se ha reforzado la vigilancia en las horas de entrada y salida de los colegios de la zona. El objetivo es evitar que los menores convivan con la actividad de los puteros y los altercados derivados de la prostitución.
Calle Juan de Mena: Un punto marcado en negro por el crimen de 2022. Aquí, las patrullas preventivas buscan evitar que los “pisos de citas” vuelvan a convertirse en escenarios de robos violentos y homicidios.
Asfixia económica: Multas de hasta 2.000 euros
La verdadera novedad reside en el bolsillo. El borrador de la Ordenanza de Convivencia 2026 contempla infracciones muy graves con multas de hasta 2.000 euros para quienes soliciten servicios sexuales en las inmediaciones de colegios, parques infantiles o zonas de gran afluencia turística.
Además, la Policía Local ha iniciado el rastreo de la tercería locativa. Se está identificando sistemáticamente a los propietarios de los inmuebles. El mensaje del Ayuntamiento es claro: alquilar un piso para que se ejerza la prostitución ya no es un negocio rentable, sino un riesgo judicial que puede terminar en sanciones económicas masivas o procesos penales.
Coordinación Nacional para entrar en los pisos
Dado que la Policía Local tiene limitada su actuación a la vía pública, se ha solicitado una coordinación estrecha con la Policía Nacional. Esta alianza es fundamental para poder intervenir dentro de los edificios donde se sospecha que existen redes de explotación controladas por mafias. Solo con la entrada en los inmuebles se podrá desmantelar el sistema desde la raíz, protegiendo a las víctimas y deteniendo a los proxenetas que operan bajo el amparo de la propiedad privada.
