Agentes del Equipo de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia han detenido a dos hombres e investigan a un tercero por orquestar una trama criminal destinada a abaratar costes de forma ilícita mediante la retirada ilegal de una bajante de fibrocemento (amianto) en un edificio residencial de València. Los implicados utilizaron operarios sin formación ni protección, generaron nubes de polvo tóxico que afectaron a las viviendas y suplantaron la identidad de una empresa especializada legítima para engañar a la junta de propietarios.
Los detenidos son el administrador de la finca afectada y el gerente de una empresa de construcción ordinaria, mientras que el jefe de obra de esta última figura en calidad de investigado. Se trata de tres varones de entre 45 y 55 años, de nacionalidades española y peruana, sobre los cuales, junto a una persona jurídica, se imputan presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, delito contra el medio ambiente y delito contra los derechos de los trabajadores.
Falsificación documental ante las sospechas vecinales
La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana. Una comunidad de propietarios requería sustituir una antigua tubería de fibrocemento. El administrador de la finca solicitó presupuestos a firmas autorizadas legalmente, constatando que los elevados costes (que superaban los 38.000 euros) respondían a las estrictas medidas de seguridad que exige la ley. Para reducir los gastos, el administrador contrató de forma opaca a una constructora de su confianza, la cual carecía de la inscripción obligatoria en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA).
Ante las quejas de los vecinos por la falta de medidas de protección durante los trabajos, el administrador exhibió informes medioambientales falsos defendiendo que se trataba de una obra común. Las alarmas saltaron definitivamente cuando un residente contactó de forma directa con la empresa especialista que figuraba como supuesta responsable en los documentos. Dicha organización constató que jamás había sido contratada para realizar esa obra, destapando el entramado.
Alto riesgo sanitario: nubes de polvo tóxico y vertido ilegal
El SEPRONA comprobó que el jefe de obra asumió la dirección material de unos trabajos ejecutados por operarios que carecían de vestimenta protectora y formación sobre el manejo de agentes carcinógenos. Lejos de aplicar los protocolos de desmantelamiento seguro, los operarios emplearon herramientas manuales como martillo y cincel para fracturar mecánicamente la tubería de asbesto. Esta acción provocó la rotura del material y la liberación de microfibras invisibles altamente cancerígenas, proyectando fragmentos hacia los pisos inferiores y generando nubes de polvo tóxico que se dispersaron por las zonas comunes y las viviendas colindantes. Cabe recordar que la inhalación de estas partículas produce patologías letales diferidas en el tiempo, como la asbestosis o el mesotelioma.
Posteriormente, los residuos peligrosos fueron introducidos en bolsas de plástico convencionales sin ningún tipo de precinto ni etiquetado reglamentario de peligro. Los propios investigados confesaron haber trasladado el material contaminado en vehículos particulares no autorizados con destino a ecoparques municipales de la zona, instalaciones que tienen expresamente prohibida la recepción de estos componentes estructurales, los cuales deben depositarse obligatoriamente en vertederos de seguridad autorizados.
Perjuicio económico y labores de descontaminación
El fraude a los propietarios de la finca ascendió a 12.500 euros. Tras descubrirse la usurpación de la identidad empresarial y la falsedad de los documentos, la comunidad acordó la paralización inmediata de las retribuciones pendientes, bloqueando un último pago de 4.500 euros. Asimismo, los vecinos han tenido que asumir de forma subsidiaria costes adicionales para sufragar labores urgentes de descontaminación especializada en el inmueble con el fin de garantizar la salubridad y seguridad de los residentes.
Las diligencias instruidas por el SEPRONA ya han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Valencia en funciones de guardia para el inicio del procedimiento judicial.
