La Guardia Civil ha detenido a 19 personas en la operación Bonifaz, que ha permitido desarticular una red que captaba a mujeres latinoamericanas con falsas ofertas de trabajo y las obligaba a ejercer la prostitución bajo amenazas.
La Guardia Civil ha liberado a 22 mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y ha detenido a 19 personas en el marco de la operación Bonifaz, una investigación desarrollada en varias provincias españolas que ha tenido actuaciones en Alzira, en la Ribera Alta, y Peñíscola, en Castellón.
La organización criminal captaba a mujeres en países latinoamericanos mediante falsas ofertas de empleo para cuidar a personas mayores en España. Sin embargo, una vez que llegaban al país, les retiraban la documentación y les imponían una supuesta deuda de 10.000 euros por los gastos del viaje, los trámites administrativos y el alojamiento. Para saldarla, las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución bajo amenazas y coacciones.
La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que consiguió escapar de la red. Su testimonio permitió a los agentes reconstruir el funcionamiento de la organización y avanzar en la identificación de sus integrantes y de los lugares utilizados para la explotación.
Registros en Alzira y Peñíscola
La operación se desarrolló en dos fases. La primera tuvo lugar en septiembre, después de nueve meses de investigación de la Policía Judicial de Sevilla. En esa intervención se realizaron seis entradas y registros en inmuebles de la capital andaluza y fueron liberadas 15 mujeres. Además, se detuvo a once personas en Gelves, en Sevilla, y Jerez de la Frontera, en Cádiz.
La segunda fase se llevó a cabo durante octubre y extendió las actuaciones a distintas localidades, entre ellas Alzira y Peñíscola, así como Vigo, en Pontevedra, y Mijas, en Málaga. En esta etapa se practicaron seis registros, se detuvo a ocho personas y se localizó a otras siete mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente.
El balance conjunto de ambas fases asciende a 19 detenidos y 22 mujeres liberadas. La información difundida no precisa cuántas de las víctimas fueron localizadas específicamente en Alzira o Peñíscola ni cuántas detenciones se produjeron en cada municipio.
Deudas, amenazas y traslados entre prostíbulos
Según la investigación, la red aprovechaba la vulnerabilidad económica de las mujeres para ofrecerles oportunidades laborales aparentemente legales. Una vez en España, los responsables les retiraban los documentos personales y les comunicaban que debían pagar 10.000 euros.
La deuda se utilizaba como mecanismo de control y, según los investigadores, resultaba prácticamente imposible de saldar, ya que podían imponerse nuevas condiciones económicas y cantidades adicionales. Las víctimas también sufrían amenazas e intimidaciones que, en algunos casos, se dirigían contra sus familiares en sus países de origen.
La organización trasladaba periódicamente a las mujeres entre distintos establecimientos y viviendas donde se ejercía la prostitución. Algunos de estos inmuebles estaban vinculados a otras organizaciones criminales. Los desplazamientos dificultaban que las víctimas pudieran escapar y complicaban el seguimiento policial de la actividad.
Dinero en efectivo, vehículos y documentación intervenidos
Durante los registros, los agentes intervinieron alrededor de 30.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama, teléfonos móviles, terminales de pago electrónico, documentos personales de las víctimas, contratos y dispositivos de videovigilancia.
La Guardia Civil investiga el posible uso de estos sistemas para controlar a las mujeres y supervisar su actividad. La documentación y los dispositivos intervenidos serán analizados para determinar el funcionamiento económico de la red y concretar las responsabilidades de las personas investigadas.
A los 19 detenidos se les atribuyen presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, explotación sexual, agresión sexual y pertenencia a organización criminal. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
Una denuncia permitió destapar la organización
La denuncia de una de las mujeres que logró escapar fue el punto de partida de una investigación que ha permitido liberar a otras víctimas y actuar contra una estructura con conexiones en varias comunidades autónomas.
La Guardia Civil recuerda la importancia de comunicar posibles situaciones de trata y explotación. En España, el teléfono 900 10 50 90 de la Policía Nacional ofrece atención relacionada con la trata de seres humanos. En caso de emergencia, se puede llamar al 112.
Las detenciones no implican una condena y las personas investigadas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.
